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La pelea por los mil millones de dólares para capacitación que complica a la ministra Blanco

La pelea por los mil millones de dólares para capacitación que complica a la ministra Blanco

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El gobierno invertirá la millonaria cifra en cuatro años para fortalecer la capacitación de mujeres y jóvenes de escasos recursos. En el Ministerio del Trabajo se ha librado una batalla subterránea por cuáles serán los OTEC que se harán cargo de la implementación. Los hay con y sin fines de lucro. Según un informe del Sence, los primeros extraen una utilidad del 27% de los recursos entregados por el fisco. Hace una semana dejó su cargo como director del Sence Julio Salas, quien era partidario de excluir a los OTEC con fines comerciales.

El programa “Más capaz” –dependiente del Ministerio del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence–, contempla una inversión de más de mil millones de dólares durante cuatro años para fomentar la capacitación de jóvenes y mujeres de escasos recursos.

El ambicioso plan comenzó a implementarse este año como piloto, con la participación exclusiva de liceos técnicos profesionales y Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) del “registro especial”, los que no tienen fines de lucro. Pero el conflicto se ha centrado en quiénes podrán implementar el programa y, por tanto, acceder a los recursos, del 2015 en adelante, cuando los fondos se incrementen y la fase piloto quede atrás.

“Lo único que nos habían dicho fue que los OTEC serían incorporados en programas desde 2015, según información emitida en noticia de página del Ministerio del Trabajo cuando se lanza el programa; esa información ya no aparece”, señala Hugo Dollenz, presidente de la Asociación Gremial de Organismos Técnicos de Capacitación de la Región Metropolitana, AGMO, que agrupa a los OTEC que sí obtienen lucro.

Esa información ya no aparece en la web de Trabajo porque en la cartera no hay claridades sobre la participación de los OTEC con fines de lucro. El mercado de la capacitación está cuestionado por dos razones principales: su escaso impacto en el mundo del trabajo, y la cantidad de recursos que estas entidades extraen como utilidad por su labor.

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